La procuraduría General de la República solicitó ayer al Tribunal Constitucional declarar inconstitucional la resolución del Congreso Nacional mediante la cual se autoriza a una empresa a instalar y operar equipos de rayos X en los puertos del país.
En su dictamen, el procurador general adjunto Ricardo José Taveras Cepeda pide declarar no conforme con la Constitución de la resolución 188-03 del 15 de diciembre del 2003, a través de la cual el Congreso otorgó un contrato de exclusividad a la empresa ICSSI para instalar los equipos.
La solicitud del Ministerio Público pide admitir la acción directa de inconstitucionalidad que depositó el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Asociación de Navieros de la República Dominicana de Zonas Francas, Cámara Americana de Comercio, entre otras entidades empresariales, advirtiendo que el contrato causaría ¨graves perjuicios¨ a la rentabilidad de sus actividades.
Taveras Cepeda sostiene que aprobar la explotación exclusiva de los equipos de rayos X a una entidad particular por 230 años establece un monopolio que excluye toda posibilidad de cualquier otra persona física o empresa comercial pueda incursionar en la prestación de este servicio, desconociendo la obligación constitucional de establecerlo mediante una ley.
Asimismo, incoaron la acción legal las asociaciones Dominicanas de Exportadores, de Empresa de Inversión Extranjera, Organización Nacional de Empresas Comerciales y la Asociación de Comerciante e Industriales de Santiago.
Pagina 13A. Junio 13, 2013.
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